Tribunales se capacitan sobre implementación de ley de monitoreo electrónico en casos de violencia intrafamiliar

La actividad fue dictada por profesionales de Gendarmería, Ministerio Público y Carabineros. Más detalles en la nota.

Con la participación de jueces, consejeros técnicos, jefes de unidad y funcionarios de tribunales con competencia en familia de Osorno y Río Negro, se realizó la charla de implementación de la ley 21.378 sobre monitoreo telemático, sus implicancias en los procesos administrativos, operativos y jurisdiccionales y el reglamento que la rige.

La actividad fue dictada por profesionales de Gendarmería, Ministerio Público y Carabineros.

En la oportunidad, el presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia, ministro Luis Moisés Aedo Mora, señaló que buscar responder a las inquietudes que han surgido en este periodo de vigencia de la Ley 21.378. 

"La idea es que las coordinaciones alcanzadas, puedan dar operatividad a la labor de cada una de las instituciones vinculadas en el cumplimiento de esta normativa legal”, dijo.

Este cuerpo legal, que entró en vigencia el 4 de abril pasado, tiene por objetivo  establece medidas cautelares como el uso de dispositivos tecnológicos de control, para evitar un daño mayor a las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF).

Dentro de las principales sugerencias acordadas tras la reunión, está la de proponer a los tribunales que al momento de decretar la medida cautelar con monitoreo telemático, se establezca un radio mínimo de 1.000 metros de prohibición de acercamiento del denunciado a la víctima, con el objeto de dar oportuna respuesta a la medida cautelar por parte de Gendarmería y Carabineros Chile. 

Lo anterior, sujeto a la realidad de los juzgados, en cuanto a la  geografía de cada comuna.

 En segundo término, se propone que en la resolución u oficio que ordena la medida cautelar con monitoreo telemático, se establezca inmediatamente el día y hora para la puesta del dispositivo imputado sujeto de control, previa coordinación con el Centro de Reinserción Social (CRS) de la comuna, evitando de esta forma, diferencia de criterios a la hora de establecer la fecha legal de cumplimiento la cautelar.