Socios endeudados y bajo amenaza: el escándalo que remece a gremio en Futrono

Más de 40 trabajadores del gremio de asistentes de la educación de Futrono, Región de Los Ríos, enfrentan millonarias deudas y amenazas, tras revelarse una grave trama de presuntas irregularidades financieras protagonizadas por su directiva.

El gremio de asistentes de la educación municipal de Futrono enfrenta la crisis más grande de su historia sindical, luego de detectar graves irregularidades al interior de la organización, cometidas presuntamente por la propia directiva en el marco de diferentes convenios suscritos con entidades comerciales y financieras, y que mantiene a más de 40 trabajadores endeudados. El caso aún no ha sido judicializado.

Las cifras son alarmantes: alrededor de siete millones en una tienda de retail, más de diez millones en una empresa de préstamos y otros montos aún no precisados en hoteles y restaurantes de la comuna, son parte de las deudas que hoy sostiene el gremio y particularmente los 40 socios, quienes pese a haber cumplido con sus obligaciones financieras, figuran con mora en Dicom.

Por primera vez los afectados se atreven a hablar y entregan sus testimonios de manera exclusiva a Grupo DiarioSur, aunque piden expresamente mantener su identidad bajo reserva.

Primeros casos

La situación salió a la luz a fines del 2024, cuando trabajadores del ITP Llifén detectaron que sus créditos no estaban siendo pagados, pese a que sí se efectuaban los descuentos por planilla a través del DAEM. 

Pese a que fueron los primeros en advertir la situación, confiaron en que se trataba de un error administrativo. El entonces presidente gremial habría reconocido los atrasos pero les aseguró que lo solucionaría “personalmente”. Pero el problema se agravó y más trabajadores comenzaron a aparecer como morosos en una casa comercial de Futrono y también con la empresa financiera con la que el gremio había suscrito convenios. 

“Después nos dimos cuenta que había una deuda gremial que impedía a los demás obtener el supuesto beneficio. En marzo otra persona intentó comprar otra vez y hubo problemas para obtener créditos. Pasaba el tiempo y él solo daba excusas. Recién ahí entendimos la gravedad de todo esto”, lamentan las afectadas.

Algunas personas hoy perciben sueldos líquidos de apenas $200.000, debido que gran parte de sus ingresos se destina a pagar repactaciones de deudas que ya habían cancelado.

“No tenemos claridad de cuánto es lo que se debe en total, pero solo con Isimundo (empresa financiera) son casi 13 millones de pesos”, detalla otra de las denunciantes.

Tras una reunión con el equipo municipal, que derivó en una asamblea en mayo pasado donde la directiva fue censurada y removida de su cargo, la Municipalidad de Futrono inició un sumario administrativo, liderado por el abogado, Erwin González, para determinar las responsabilidades administrativas de los tres miembros de la directiva, pero no se han efectuado denuncias formales ante el Ministerio Público.

Dinero y municipalidad

A pesar de las irregularidades en el manejo de los recursos, los traspasos desde el DAEM al gremio se mantuvieron a lo menos hasta marzo, cuando el directorio recibió de parte del DAEM $1.407.291 correspondiente a descuentos por planilla a los trabajadores, dinero que debió haber sido cancelado a cada casa comercial, pero no llegó a destino. Además percibió otros $712.826 por concepto de cuotas gremiales, que también se transferían al gremio, según documentos a los que tuvo acceso Grupo DiarioSur.

Una de las socias explica que cada integrante, de los 120 que existen a la fecha, paga una cuota mensual de alrededor de 6 mil pesos, lo que representa un monto mensual de 720 mil pesos que también son traspasados al gremio. Además, se les descuenta por planilla $1.200 a cada socio. Dicho dinero corresponde a un pago que cada uno debe hacer al gremio nacional Confemuch, pero no se habría cumplido con este compromiso hace varios años, pese a que los dineros fueron transferidos al gremio.

“Vimos un correo que llegó desde la Confemuch donde se informa que nuestro gremio no ha pagado esa cuota en los últimos cinco años, siendo que se nos ha descontado mes a mes y que se efectuaron esas transferencias al gremio. También descubrimos que nuestro presidente fue expulsado de la Confemuch cuando fue parte de la directiva, todas cosas que no teníamos idea porque él había entregado otra versión de su salida de la nacional”, aclaran.

Entonces, el gremio además de recibir por parte del DAEM las cuotas que cada asociado mantenía por concepto de crédito, percibía alrededor de 720 mil pesos mensuales correspondiente a las cuotas de socios y otros $1.200 de una segunda cuota gremial destinada a la Confemuch. 

Poder y redes 

Según los testimonios recogidos en nuestra indagatoria, la directiva ha manejado los fondos sindicales a su antojo durante la última década, firmando convenios con entidades comerciales que permitían acceder a estos créditos sin límite, propiciando el sobreendeudamiento y con cuotas morosas que no son pagadas, pese a los descuentos por planilla. 

Los socios del gremio declaran que no existían actas, ni rendición de cuentas, mucho menos elecciones de directorio como mandata la ley. En los convenios con la entidad prestamista, por ejemplo, indican que se facilitaba dinero a los socios sin firmar ningún comprobante. “Él levantaba el teléfono y el dinero se depositaba en la cuenta”, revelan.

Los relatos coinciden en que el presidente gremial tenía facultades como nadie más. Usaba su posición para amedrentar a quienes lo cuestionaban, llegando incluso a amenazar con despidos o represalias legales. “Él llamaba cada vez que íbamos a tener una reunión por esta situación. Decía ‘cuidado con meterse conmigo, tengo abogados’”, detallan.

Y más grave aún, acusan que aún después de haber sido censurado, sigue presionando y lanzando amenazas.

“En la última reunión que tuvimos él se puso a llorar y dijo que se trataba de un error, que iba a pagar todo, que lo esperen que tenía pruebas de que era un error, apelaba a su religión y en eso se refugiaba, en que la gente se puso en su contra después de todo lo que ha hecho”, añaden.

Años de irregularidades

La crisis actual sólo destapó una larga historia de irregularidades. Según denuncian los socios, el expresidente arrendaba el internado del liceo de Llifén durante los veranos a agrupaciones externas, sin conocerse el destino de esos ingresos. “Eso ocurrió durante la administración anterior y siempre hacían la vista gorda”, dicen.

Los trabajadores aseguran que el miedo fue clave para que estas situaciones no salieran antes a la luz. “Cada vez que alguien lo denunciaba, las consecuencias eran para esa persona. Él tenía control absoluto, parecía intocable”, declaran.

Sin justicia

A pesar de la gravedad de los hechos, no hay denuncias ante el Ministerio Público, y el municipio no ha aclarado si tomará o no acciones legales, fuera del sumario anunciado que solo persigue faltas administrativas. Mientras tanto, los 120 socios afectados exigen que se responsabilice a los culpables y que se reparen los daños económicos sufridos.

Para el gremio la justicia no es solo el despido como medida administrativa, pues no basta con eso. El o los responsables de esta situación que daña enormemente la credibilidad de las asociaciones, deben aclarar dónde están los dineros que han recibido todos estos años y devolver los dineros de las personas que han pagado sus créditos y enfrentar a la justicia. 

El caso sigue generando tensión al interior de los establecimientos educacionales de Futrono, Llifén, Nontuelá y sectores rurales. Y mientras los afectados ven disminuidos sus sueldos por deudas que no contrajeron directamente, el silencio de las autoridades y la falta de acciones penales alimentan la sensación de impunidad que los trabajadores ya no están dispuestos a aceptar.